El matrimonio fallido de Ana Mato, o cómo un divorcio podría haberla salvado del caso Gürtel

El matrimonio de Ana Mato y Jesús Sepúlveda estaba roto desde que amaneció el siglo. Sin embargo, legalmente nada cambió entre ellos. Ni en apariencias: ambos acudieron todavía como pareja a la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar. Mientras Francisco Correa, el hombre que que fue Gürtel, se dedicaba entre 2001 y 2005 a agasajar a la familia contratando payasos y confeti y regalando bolsos de lujo de 610 euros a la por entonces coordinadora interna de varias áreas del Partido Popular. Los regalos se acabaron cuando la hoy exdiputada (y exministra y exeurodiputada, en orden cronológico inverso) se quedó sola, cuando el entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón oficializó su relación con su jefa de prensa, Natacha Bosch.

Pero ni el régimen de gananciales del matrimonio ni el matrimonio mismo se disolvieron. Es una de las razones por las que el Supremo ha confirmado que Ana Mato se lucró con viajes y eventos y regalos que Correa utilizaba como lubricante para que Sepúlveda le favoreciese. A ella le tocará pagar 27.857,53 euros, la mitad de lo que confirma el Supremo que recibieron ambos como pareja (a él la trama le pagó más de 52.000 euros por ese Jaguar que Mato declaraba ignorar, y varios cientos de miles de una campaña electoral financiada al 100% por la corrupción de Correa). Y las costas por sus recursos, que el Supremo ha desestimado. La instrucción y la Audiencia Nacional, argumenta el Supremo, probaron suficientemente que puede que Mato no supiese que esa generosidad de Correa tenía orígenes delictivos, pero que bien que se aprovechó de ella sin planteár por qué un oscuro empresario le regalaba bolsos caros y llevaba payasos y confeti a las celebraciones familiares.

Sepúlveda, por su parte, pagará un precio un poco mayor: junto con Rosalía Iglesias se convierte en uno de los condenados por la Audiencia que eludieron la prisión por fianza hasta que el Supremo decidiese. Y el Supremo ha decidido que la condena de la Audiencia Nacional es firme: más de 14 años de prisión. Allí es dudoso que le visiten la que legalmente ha sido su mujer durante 37 años, ni su examante, que rehizo su vida en 2009 lejos de Sepúlveda y de Madrid.

Por su parte, la condena a título lucrativo deja en una posición incómoda a la exministra y al partido al que pertenece, ambos condenados en los mismos términos. Mato dimitió como ministra de Sanidad hace muchos miércoles, el de un 26 de noviembre de 2014: "No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular".

Era la época en la que el PP soltaba lastre parlamentario a toda velocidad, y ni siquiera ser del poderoso ‘clan de Valladolid’, la clique castellanoleonesa de Aznar en la que se habían criado nombres como el hoy director de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, le sirvió. Tampoco ser una política curtida en las labores internas de los populares cuando aún eran Alianza y no Partido. En 2016, el cambio de legislatura la borró hasta como diputada. El 13 de enero de ese año se acabaron las sesiones de la legislatura, y en marzo Mato admitía el desempleo total –en parte porque hacía menos de dos años que había dejado de ser ministra– y solicitaba la ayuda que el Congreso le da a todos los diputados con dificultades para reintegrarse en la vida: 53.463 euros en su caso, casi el doble de lo que tendrá que abonar ahora por sus bolsos y viajes.

Dinero al que tuvo que renunciar menos de un mes después: el PP la contrató otra vez como trabajadora en abril, con permiso del Gobierno (del PP) para que la exministra volviese a los orígenes. En su caso, a Europa: Mato fue eurodiputada entre 2004 y 2008, y a eso se agarró el Partido para designarla asesora del PP europeo. Un puesto al que la condena de la Gürtel no hizo temblar ni una hoja en Génova: ya en 2018, independientemente de los recursos, desde el PP se dio por sentado que a la exministra no se le abriría expediente alguno, ni se actuaría en su contra, aduciendo a que su responsabilidad era únicamente civil (y en parte religiosa, ya que se cree que es el principal motivo por el que no se divorció de Sepúlveda, algo que le habría ahorrado bastantes problemas en su momento). La única diferencia, hoy, es que dos meses después de esa sentencia original de la Audiencia Nacional, Pablo Casado se convirtió en presidente del PP. Y queda por ver cómo reacciona ahora contra el fantasma de la corrupción, el que terminaría por desalojar a Rajoy de Moncloa.

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